¡El que parecía uno de los mayores golpes contra el huachicol terminó con una aclaración que dio mucho de qué hablar! La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles 21 de octubre que los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato estaban almacenados legalmente.

El operativo federal de septiembre había sido presentado públicamente como un decomiso de enorme magnitud relacionado con presuntos delitos en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, al concluir las revisiones del caso, las autoridades reconocieron que las instalaciones de Grupo Simsa contaban con la documentación y los permisos necesarios para guardar el producto.
La propia presidenta explicó que se detectaron problemas relacionados con el transporte de combustible que ingresaba al lugar, no con la legalidad del almacenamiento en sí.
Según su aclaración, esa observación fue atendida por la empresa mediante la entrega y revisión de documentos.
El caso ocurrió en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, donde se había efectuado la intervención de autoridades federales.
LA PRESIDENTA RECONOCIÓ QUE EL ALMACENAMIENTO ESTABA RESPALDADO POR PERMISOS
La versión inicial presentó el combustible como parte de un golpe histórico contra el mercado ilegal. La corrección posterior cambió de manera significativa el significado del operativo.
Que el almacenamiento estuviera amparado por permisos no significa que deba borrarse la actuación de las autoridades, pero sí obliga a distinguir qué se investigó realmente y qué se anunció al público.
El volumen de 59 millones de litros es relevante porque se citó como parte de una acción de gran alcance en el combate al robo de combustibles.
Ante la explicación de la presidenta, surgieron dudas sobre la forma en que se verificaron los permisos antes de presentar el caso.
La información difundida indica que no quedaron acreditados delitos de huachicol relacionados con ese combustible almacenado, mientras que la empresa defendió la legalidad de sus operaciones.
Este caso muestra por qué las investigaciones y los anuncios oficiales deben contrastarse con las conclusiones posteriores. La noticia no es un nuevo decomiso, sino la rectificación del anunciado.