¡Los contratos de las autopistas de Nuevo León están bajo la lupa! Una investigación difundida este miércoles 21 de octubre cuestionó la forma en que la Red Estatal de Autopistas ha otorgado distintas obras y señaló posibles conexiones entre empresas participantes.
El organismo, conocido como REANL, administra tramos de cuota y servicios carreteros utilizados a diario por miles de automovilistas.
Los cuestionamientos se concentran en procedimientos de adjudicación y licitación que involucran a diferentes constructoras contratadas para trabajos y servicios de la infraestructura estatal.
Entre las empresas mencionadas están Interasfaltos y GH2020, que aparecen relacionadas con un mismo empresario en la investigación difundida esta semana.
El reporte señala que ambas firmas acumulan adjudicaciones por más de 101 millones de pesos; esa cantidad debe confrontarse con las actas, contratos y expedientes públicos para conocer los alcances de cada procedimiento.
Los hechos se mantienen sujetos a la información confirmada y, cuando corresponde, a la investigación de las autoridades.
También se menciona a Proveedora para la Construcción Regiomontana y se cuestionan las condiciones de otra licitación millonaria.
Las coincidencias societarias o la participación repetida de proveedores no son, por sí solas, prueba de un delito. Las dudas deben aclararse mediante los documentos originales y las respuestas de las dependencias responsables.
La Red Estatal de Autopistas cuenta con un portal de normatividad y el Estado mantiene una plataforma de proveedores y licitaciones donde pueden consultarse procedimientos.
Esas herramientas permiten conocer las fechas de concursos, participantes, montos y criterios de adjudicación, siempre que la información se encuentre publicada de manera completa.
El tema resulta relevante para los usuarios de Nuevo León porque los peajes y recursos públicos deben reflejarse en mantenimiento, seguridad y mejores condiciones de las vías.
Hasta la información consultada no se acreditó una sanción administrativa o sentencia que determine irregularidades en los procedimientos señalados. Corresponde a las autoridades fiscalizadoras revisar lo conducente.
El seguimiento debe centrarse en obtener los expedientes, escuchar la postura de REANL y las empresas involucradas, y establecer qué se contrató y bajo qué criterios.
