La pedrera Matrimar denunció un nuevo intento de extorsión que, según la empresa, viene desde las altas esferas del poder en Nuevo León.
Todo comenzó con una llamada telefónica en la que se exigían pagos millonarios para permitirle seguir operando. La compañía aseguró que se trata de un “cobro ilegal disfrazado de acuerdo”.
Apenas horas después de que Matrimar lograra la reapertura legal de sus instalaciones, inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente acudieron nuevamente para intentar clausurarla.
La empresa afirma que esto afectó directamente a más de 500 familias que dependen de la pedrera para su sustento.
Según la denuncia, en la llamada se habló de un “pago fuerte” de 50 millones de pesos. También se mencionó que el dinero podría pagarse en parcialidades “para que no se sienta el vergazo”, frase que quedó grabada en un audio filtrado.
En la grabación se escucha a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, actuar como mediador.
Los nombres señalados
En el audio, se menciona que el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, sería quien demanda el pago. También se habla de buscar la “alineación” con Miguel ‘Mike’ Flores, Secretario General de Gobierno, para frenar inspecciones y evitar clausuras.
La empresa sostiene que, tras negarse a pagar, fue objeto de una clausura durante la madrugada del 11 de febrero.
En el operativo participaron dependencias como Medio Ambiente, Tesorería y Protección Civil. Matrimar calificó la acción como el uso de instituciones públicas como “garrote” para forzar pagos.
Impacto político
La investigación señala una presunta red de extorsión que operaría desde cúpulas de Movimiento Ciudadano y como el brazo derecho del gobierno encabezado por Samuel García Sepúlveda, Mike Flores.
El escándalo coloca en una posición delicada a la actual administración estatal.
Matrimar obtuvo un amparo judicial contra los actos de autoridad y afirmó que el gobierno está más preocupado por intereses personales que por la prosperidad de las comunidades.
Mientras tanto, empresarios locales advierten que el clima de hostigamiento podría frenar inversiones y afectar la seguridad jurídica en Nuevo León.
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