El Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a alrededor de 400 empleados de confianza del Poder Judicial de la Federación (PJF) como parte de un ajuste estructural derivado del Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026, que establece una reducción del 10% en las plantillas laborales.
Los despidos corresponden principalmente a personal administrativo de confianza, quienes fueron notificados este viernes sobre la terminación de su nombramiento.
La medida forma parte de una política de contención del gasto que busca disminuir el costo total anual de las estructuras orgánicas del Poder Judicial.
Recorte por lineamientos presupuestarios
El Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026 contempla, entre otras disposiciones, la reducción del gasto operativo mediante la reestructuración de áreas administrativas y la compactación de funciones dentro de los órganos jurisdiccionales y administrativos.
Este ajuste no responde a evaluaciones individuales de desempeño, sino a una estrategia de redimensionamiento institucional que impacta directamente en los niveles de personal de confianza, principalmente en áreas administrativas.
Notificaciones oficiales y fundamento legal
En diversos oficios, Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial, notificó formalmente la terminación de los nombramientos, fundamentando la decisión en el marco normativo vigente.
Los documentos hacen referencia al artículo 170, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a la titular de la Dirección General de Recursos para suscribir y concluir nombramientos de personal administrativo de confianza.
Alcance del recorte laboral
Las notificaciones señalan que la terminación de los efectos del nombramiento aplica a puestos comprendidos entre los niveles 10 y 33 del Catálogo General de Puestos vigente, lo que incluye jefaturas de departamento y mandos medios dentro de áreas estratégicas.
La decisión forma parte de una reingeniería administrativa que busca reorganizar funciones, reducir costos estructurales y reconfigurar la operación interna del OAJ y del PJF.
Impacto institucional
El recorte masivo representa uno de los ajustes administrativos más amplios realizados en el Poder Judicial en los últimos años, generando incertidumbre laboral y reacciones internas dentro de distintas áreas administrativas.
Aunque la medida se justifica bajo criterios de disciplina presupuestaria, el impacto humano, operativo y organizacional abre un debate sobre los efectos reales de la austeridad en el funcionamiento de las instituciones judiciales.
Reconfiguración del Estado
Este proceso se inscribe en una tendencia más amplia de reorganización del aparato público federal, donde la reducción de estructuras administrativas se ha convertido en una herramienta central de política financiera.
El caso del Poder Judicial evidencia que los ajustes presupuestarios no solo impactan programas y proyectos, sino también directamente al capital humano que sostiene la operación institucional del sistema de justicia federal.