La detención de Eduardo Albor Villanueva, identificado como director general y presunto propietario de la cadena Dolphin Discovery, provocó una fuerte movilización de fuerzas federales la tarde del jueves en el centro de Cancún.
El caso ha generado impacto en el sector empresarial y turístico de Quintana Roo, al tratarse de una figura ampliamente conocida en la industria recreativa.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento ocurrió alrededor de las 16:20 horas en la intersección de las avenidas José López Portillo y Uxmal, cerca del restaurante Yamamoto.
Agentes federales interceptaron una camioneta y solicitaron al conductor descender; ante la presunta resistencia, se produjo un forcejeo que obligó a la intervención de más elementos para concretar el arresto.
Guardia Nacional y traslado a Ciudad de México
El sistema oficial consigna que la autoridad responsable de la detención fue la Guardia Nacional.
Asimismo, se indica que el detenido fue puesto “en traslado”, señalando como destino el Reclusorio Varonil Sur, en la Ciudad de México.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado que detalle el delito imputado, el número de carpeta de investigación o la existencia de una orden de aprehensión previa.
La ausencia de información oficial ha alimentado la especulación en un caso que ya de por sí se desarrolla en un contexto corporativo complejo.
Disputa internacional y antecedentes del conflicto
La detención ocurre en medio de una disputa internacional por el control accionario de Dolphin Discovery.
De acuerdo con información difundida en el entorno del litigio, accionistas que aseguran representar el 99% del capital —entre ellos John Olson, Mike Wood, Donna Brewer y Stafford Burrowes— habrían revocado la administración de Albor y designado como nuevo administrador a Steven Strom, de Odinbrook Global Advisor.
En paralelo, se ha reportado que MS Leisure, subsidiaria de Dolphin Company, solicitó en Delaware acogerse al Capítulo 11 para iniciar un proceso de reestructuración financiera.
Socios estadounidenses han señalado presuntas irregularidades que, según esas versiones, habrían derivado en deudas superiores a 200 millones de dólares.
El antecedente inmediato se remonta al 11 de abril de 2025, cuando accionistas tomaron oficinas corporativas en Cancún con respaldo judicial, aunque fueron desalojados horas después con apoyo de fuerzas estatales.
Se espera que en las próximas horas se aclare la situación jurídica del empresario y si su arresto está vinculado directamente con el conflicto corporativo o con una investigación penal distinta.
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