El Congreso del Estado de Nuevo León informó que la diputada Anylú Bendición Hernández, del partido Morena, presentó una iniciativa para que el Estado otorgue un domicilio legal a personas adultas mayores que viven en situación de calle, a través del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores.
La propuesta busca atender una de las principales barreras que enfrentan miles de adultos mayores sin hogar: la falta de un domicilio legal que les impide obtener identificación oficial, acceder a pensiones, servicios médicos y apoyos sociales, perpetuando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad que limita su derecho a una vida digna.
Un fenómeno en crecimiento
Diversos estudios señalan que, en los últimos 25 años, la edad promedio de las personas sin hogar ha aumentado, al punto de que actualmente cerca de la mitad de la población en situación de calle tiene 50 años o más.
A nivel internacional, se ha documentado que las personas mayores sin hogar cuentan con redes sociales más reducidas y menor contacto con familiares o apoyos de emergencia.
Complejidad y envejecimiento poblacional
Especialistas advierten que vivir en situación de calle no se reduce únicamente a la falta de vivienda, sino que involucra factores sociales, emocionales, psicológicos y económicos.
En América Latina, el acelerado envejecimiento poblacional —derivado del aumento en la esperanza de vida— incrementa el riesgo de que más personas mayores enfrenten esta condición en los próximos años.
Impacto en la salud y la invisibilidad
En comparación con la población general, las personas mayores sin hogar presentan tasas más altas de enfermedades físicas y mentales, consumo de sustancias y múltiples padecimientos simultáneos.
No obstante, este grupo suele ser invisibilizado en las políticas públicas, lo que deriva en respuestas institucionales insuficientes y poco adecuadas a sus necesidades específicas.
Discriminación estructural
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación indican que las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables a la discriminación en México.
De acuerdo con el CONAPRED, esta discriminación limita el ejercicio pleno de derechos humanos, por lo que la iniciativa busca sentar un precedente para el reconocimiento legal y social de este sector históricamente marginado.
