Denuncian ante la FGR a alcalde de Salinas Victoria

Un nuevo conflicto sacude a Salinas Victoria. El Sindicato Nacional de la Construcción y del Transporte de la CROC presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Raúl Cantú y el secretario de Seguridad municipal, Arturo Garza Morúa, por presuntos delitos de amenazas, extorsión, cohecho y privación ilegal de la libertad.

La denuncia fue interpuesta por el dirigente sindical Jorge Gloria, acompañado por la abogada Marlene Díaz Villarreal.

Según señalaron, operadores de transporte de carga afiliados al sindicato habrían sido víctimas de presuntos actos de extorsión durante retenes instalados por autoridades municipales.

Acusan cobros de hasta 80 mil pesos

De acuerdo con el documento presentado ante la FGR, los transportistas que participan en las obras del tren de pasajeros Monterrey–Saltillo–Nuevo Laredo fueron detenidos en diversos filtros donde presuntamente se les exigían pagos de entre 40 mil y 80 mil pesos para permitirles continuar su trayecto.

Los representantes sindicales aseguraron que las unidades contaban con documentación en regla.

Además, afirmaron que algunos operadores e incluso el propio líder sindical habrían sido retenidos hasta cubrir los montos exigidos. Por ello solicitaron a la autoridad federal investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Alcalde rechaza acusaciones

Tras darse a conocer la denuncia, el alcalde Raúl Cantú rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de sustento legal.

El edil sostuvo que los operativos de vigilancia continuarán y afirmó que ninguna empresa, sindicato o particular está por encima de los reglamentos municipales de tránsito y vialidad.

Cantú defendió los filtros de revisión al señalar que han permitido detectar vehículos con reporte de robo y sancionar irregularidades relacionadas con el transporte de materiales.

También acusó un intento de politizar el tema y reiteró su disposición para establecer una mesa de trabajo con autoridades federales, empresas involucradas en el proyecto ferroviario y representantes del sector.

Mientras tanto, será la FGR la que determine el curso de las investigaciones y el alcance de las acusaciones.