La gente compra el boleto para escuchar a su artista favorito. Pero una investigación de Estados Unidos encontró algo que no aparece en las carteleras: empresas del entretenimiento señaladas de mover dinero para organizaciones del narcotráfico. Y los nombres que figuran en sus espectáculos sorprenden.
El escándalo tiene dos capítulos, distintos pero con algo en común: el dinero del narcotráfico buscando una entrada al negocio de los escenarios, los palenques y los espectáculos masivos. De un lado aparece la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa; del otro, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis.
Lo que más llama la atención es que varias carteleras de una promotora sancionada por el Gobierno estadounidense incluyeron estrellas conocidas en cualquier casa de México: Ricky Martin, Belinda, Cristian Castro, Los Ángeles Azules, Marc Anthony y muchos más. Que un artista aparezca en una cartelera no significa que haya lavado dinero ni que conociera las presuntas actividades de los dueños del negocio.
El nombre que aparece detrás de los conciertos
El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas vinculadas, según sus investigaciones, con el Cártel de Sinaloa. Entre los designados figura Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como el Mayito Flaco, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
Los investigadores estadounidenses señalan que varias empresas de seguridad, bienes raíces y espectáculos habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos del grupo criminal. No se trata solamente de billetes moviéndose en efectivo: se trata de negocios que pueden emitir facturas, contratar personal, vender entradas y manejar cuentas como cualquier empresa.
Uno de los nombres que sobresalen en el expediente es Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresario establecido en Tijuana. La OFAC lo relaciona con una red de compañías que presuntamente prestaron apoyo al Cártel de Sinaloa, entre ellas Conciertos y Espectáculos Inhouse, conocida comercialmente como In House Espectáculos.
Durante años, la promotora anunció espectáculos en Tijuana, Mexicali y Ensenada. En su historial aparecen nombres como Alejandra Guzmán, Lupita D’Alessio, Yuri, Emmanuel, Mijares, Molotov, Matute, Camila y OV7, además de los grandes artistas internacionales. Para cualquier aficionado eran conciertos y noches de fiesta; para los investigadores, la operación de una de las empresas merecía ser examinada.
Ricky Martin cantó, pero eso no lo convierte en acusado
Ricky Martin se presentó en junio de 2024 en la Arena Valle de Guadalupe, en Baja California, en un evento promovido por In House. El espectáculo fue anunciado públicamente antes de las sanciones. Se ofrecieron entradas de distintos precios, algunas de varios miles de pesos. La presencia del cantante en aquel recinto es un hecho; no existe en los documentos consultados una acusación de la OFAC contra él por lavado de dinero.
Ésa es una diferencia importante en un caso como éste. Los nombres de las estrellas sirven para dimensionar el tamaño del negocio, pero las sanciones están dirigidas a determinadas personas y empresas, no a todos los músicos que alguna vez pisaron sus escenarios.
¿Por qué un concierto puede servir para lavar dinero?
Porque una noche de música no sólo mueve dinero de boletos. También hay pagos por estacionamiento, bebidas, comida, publicidad, patrocinadores, renta de espacios y contrataciones. Cuando una organización criminal introduce fondos ilegales a una operación de este tipo y los mezcla con ingresos legítimos, puede intentar hacerlos pasar por ganancias de una empresa normal.
La investigación publicada por el Departamento del Tesoro no significa que cada boleto comprado fuera dinero del narco. El señalamiento apunta a la red de empresas y sus operadores. La diferencia puede parecer pequeña, pero es la línea entre una acusación documentada y un rumor que mancha injustamente a miles de trabajadores, proveedores o asistentes.
Para darse una idea del tamaño del pastel, un estudio de Ocesa citado en investigaciones sobre el sector estimó que en 2025 el entretenimiento musical en vivo tuvo un impacto económico de 68 mil 990 millones de pesos en México. Es una industria gigantesca: precisamente por eso resulta atractiva para quienes buscan mover recursos en grandes cantidades.
El antecedente de Los Cuinis: del palenque al escándalo
Lo descubierto alrededor de Los Mayos no es el primer caso. En abril de 2018, Estados Unidos sancionó a Jesús Pérez Alvear, “Chucho Pérez”, promotor vinculado por la OFAC con el CJNG y Los Cuinis. Las autoridades afirmaron que operaba conciertos y palenques a través de Gallística Diamante, también identificada como Ticket Premier.
La acusación del Tesoro era muy concreta: Pérez Alvear mezclaba las ganancias de la droga con ingresos legales de boletos, bebidas, estacionamiento y otros consumos durante las ferias. Su empresa estuvo relacionada con espectáculos en Aguascalientes y Metepec, donde aparecían en carteleras estrellas como Alejandro Fernández, Banda MS, Ana Gabriel y otros conocidos intérpretes.
Otra vez, estar anunciado como artista no equivale a formar parte de esa actividad ilegal. Pero uno de aquellos conciertos terminó provocando un problema judicial que hizo temblar al negocio de la música regional mexicana.
Gerardo Ortiz: fue a cantar y terminó declarando ante el FBI
En abril de 2018, Gerardo Ortiz se presentó en Aguascalientes en un concierto relacionado con el promotor sancionado. De acuerdo con las actuaciones judiciales en Estados Unidos, el cantante había recibido advertencias sobre los riesgos de hacer negocios con una persona incluida en la lista negra estadounidense.
El caso se volvió todavía más delicado cuando Ortiz reconoció operaciones que violaban las restricciones estadounidenses y colaboró con las autoridades, incluso como testigo en el proceso contra su antiguo representante. En noviembre de 2025 recibió una sentencia de 36 meses de libertad supervisada y evitó entrar a prisión.
No fue un chisme de redes ni un corrido inventado para vender discos: se trató de un expediente federal con declaraciones y resoluciones de tribunales. Y el golpe más fuerte cayó sobre quien estaba detrás de buena parte de aquellas contrataciones.
El productor que terminó condenado
José Ángel del Villar, fundador de DEL Records y empresario muy conocido en el regional mexicano, fue declarado culpable por un jurado federal de hacer negocios prohibidos con Pérez Alvear pese a las sanciones vigentes. En agosto de 2025, un tribunal de Los Ángeles le impuso cuatro años de prisión y una multa de dos millones de dólares. La empresa Del Entertainment también fue condenada y multada.
Su defensa impulsó una apelación y, según la información pública sobre el caso, el cumplimiento de la pena quedó sujeto a decisiones posteriores del tribunal. Por ello, una sentencia de prisión no debe confundirse automáticamente con que ya se encuentre recluido.
Pérez Alvear, el promotor situado en el centro del expediente del CJNG, fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México, después de haberse declarado culpable en Estados Unidos. El caso dejó preguntas sobre el riesgo que rodea a los negocios contaminados por intereses criminales.
El expediente abre otra discusión que ya existe en México: los narcocorridos y la libertad de expresión. Pero una cosa es el contenido de una canción y otra muy distinta utilizar espectáculos para mover recursos de procedencia ilícita.
¿Y esto qué tiene que ver con la gente de Nuevo León?
En Nuevo León se vive de conciertos, ferias, palenques y presentaciones en vivo tanto como en otras partes del país. Pero no existe en la documentación aquí consultada una acusación específica contra algún concierto celebrado en Ciénega de Flores. Tampoco hay base para señalar a organizadores locales por el solo hecho de trabajar con artistas famosos.
Lo que sí deja esta historia es una advertencia más amplia: los negocios de apariencia normal pueden ser utilizados por grupos criminales para esconder dinero. Y para el público, que paga un boleto con el esfuerzo de días o semanas de trabajo, no siempre es posible saber quién controla todas las empresas involucradas en un espectáculo.
La pregunta que queda no es quién cantó en el escenario, sino quién estaba moviendo el dinero detrás de él. Las sanciones ya son oficiales. El seguimiento a los empresarios y compañías señalados, así como la posible apertura de nuevas causas penales, será lo que determine hasta dónde llega esta historia.
Documentos oficiales: Departamento del Tesoro, sanciones del 29 de septiembre de 2026; OFAC, sanciones de 2018 contra Chucho Pérez; Departamento de Justicia, sentencia a Ángel del Villar.
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